El Supremo, en la sentencia de 5 de marzo de 2019 (rec.: 2325/2016), rechaza que los ayuntamientos dicten ordenanzas regulando la ubicación de los locales sociales de cannabis.

El Alto Tribunal entiende que la autorización municipal para que estos clubes abran sus instalaciones pueden llevar al ciudadano a pensar que son lícitos, lo que dependerá de las circuntancias de caso caso concreto, habida cuenta que tales clubes puedan incurrir en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En definitiva, el Supremo niega a los ayuntamientos que puedan dictar ordenanzas regulando tales actividades.