A partir del 29 de junio entra en vigor un apartado de la Ley General de Telecomunicaciones que prohibirá recibir llamadas comerciales no deseadas.

Según el artículo 66.1 de la ley de telecomunicaciones, los usuarios de los servicios de comunicaciones tienen derecho a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana con fines comerciales sin que haya un consentimiento previo, y no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales, salvo que exista consentimiento previo u otra legitimación contemplada en el artículo 6.1 del reglamento europeo de protección de datos. Según ese artículo del reglamento europeo, son legítimas las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de un contrato, que fueran necesarias por obligación legal o para el cumplimiento de una misión realizada en base al interés público, entre otras.

La restricción de las llamadas del precitado artículo afecta  tanto si al usuario al que se llama tiene numeración asignada en España (fija o móvil), como a los call centers (empresas que ofertan servicios por teléfono) ubicados en otros países, pero que hagan comunicaciones comerciales en España.

Hasta la entrada en vigor de esta norma, la principal forma de no recibir llamadas comerciales pasaba por registrarse en la Lista Robinson, un sistema de exclusión publicitaria en el que se pueden elegir los medios por los cuales se quiere dejar de recibir publicidad: llamadas telefónicas, correo postal, correos electrónicos, SMS… Esta exclusión no era inmediata y en ocasiones las empresas siguen haciendo contactos comerciales pese a haberse dado ya de baja.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos esta nueva medida que entra en vigor en junio es complementaria a la Lista Robinson, que no desaparece y seguirá estando operativa.

Si una empresa sigue haciendo ‘spam’ telefónico sin consentimiento, o no cumple la ley en materia de protección de datos, puede enfrentarse a una sanción. Si esto ocurre, las personas afectadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, denunciando ante el organismo las malas prácticas sufridas.